De acuerdo con la información entregada por PULSO, La Reforma Laboral incluirá un nuevo elemento que beneficia a los proveedores del mercado público: graduar la sanción de prohibición de contratos con el Estado cuando una empresa o entidad es acusada de prácticas antisindicales.
En la actualidad, la normativa (Ley 19.886) sobre contrataciones y compras públicas a través de sistemas de licitaciones, en su artículo 4, establece como sanción, que no podrán participar de ninguna licitación, sea pública, privada o bajo la modalidad de contratación directa, a ninguna empresa que, durante los 2 años anteriores a la licitación, haya sido condenada por prácticas antisindicales, por vulneración a los derechos fundamentales de las y los trabajadores o por delitos concursales establecidos en el código penal. Estableciéndose así, una sanción y prohibiéndole a estas empresas, obtener contratos con el estado por el plazo señalado.
El proyecto va a conservar los 2 años de sanción, pero este será el máximo, pues la modificación permitiría tipificar las prácticas sindicales desde leves a graves, graduando así el periodo de sanción, ya que irá por tramo dependiendo de la calificación que reciba la conducta empresarial.