Revista Digital – Información de Mercados – Compra Pública Latam.
El problema ya no es solo administrativo, es de fair play (juego limpio). El sistema actual de Convenios Marco, al priorizar ciegamente el precio más bajo, incentiva al proveedor «pirata» o informal que, al no tener el respaldo de la marca, se amarra de productos donde no esta autorizado, bajando los precios y luego entregando un producto alternativo, desplazando a la PYME seria que registro su marca según la normativa vigente y de esta forma pierde participación de mercado.
Ya estamos finalizando el año, y en la plataforma de Mercado Público, han pasado muchas cosas, desde las caídas constantes de la plataforma que ahora políticamente correcto le llaman “intermitencias”, hasta la incorporación de los nuevos procedimientos de compra, y la aplicación de la modificación a la ley de compras, sin embargo en esta columna de opinión quiero manifestar mi preocupación respecto a un proceso que la gran mayoría de los convenios marco, lo incorporan, exceptuando a los que utilizan cotizador, me refiero a los “amarres de productos”.
Donde el sistema de compras públicas en Chile enfrenta una paradoja peligrosa. Mientras busca la eficiencia económica a través de los Convenios Marco, ha creado involuntariamente una «subasta a la inversa», a través de permitir los amarres de productos sin control, que está asfixiando a las PYMES distribuidoras oficiales y degradando la calidad de lo que el Estado consume.
El mecanismo es perverso en su simplicidad. Cuando se confecciona una órdenes de compra, a través del catalogo a menudo con productos «amarrados» o empaquetados, el algoritmo y la normativa empujan hacia la adjudicación del precio más bajo. Hasta aquí, parece lógico. El problema surge cuando este sistema no discrimina entre un distribuidor autorizado y un mero especulador comercial.
Hoy, las PYMES que invierten en certificaciones, mantienen stock real y operan como canales oficiales de marcas reconocidas, se ven obligadas a competir contra proveedores que no tienen autorización para comercializar esos productos. ¿El resultado? Una competencia desleal donde el «no autorizado» oferta un precio depredador —imposible para quien vende el producto legítimo— y este no autorizado gana la compra.
«El sistema valida al oferente más barato, no al más confiable. Y es ahí donde comienza el verdadero problema operativo.», porque el organismo que controla la compra pública permite abiertamente en las bases de licitación que cualquier proveedor se puede amarrar a los productos y solicita a los oferentes que demuestren que el proveedor no autorizado, esta homologando, para recién levantar un proceso sancionatorio.
Una vez ganada la orden mediante el amarre de producto no autorizado, ocurre el segundo acto de esta obra fallida: la entrega. Como el proveedor ganador no tiene acceso al canal oficial de la marca (y por tanto, no puede comprar el producto al costo real), recurre a la entrega de productos alternativos, réplicas o ítems de menores especificaciones.
El Estado termina comprando «gato por liebre». Se solicita un equipamiento técnico específico y se recibe uno «similar» o «compatible», bajo la excusa de quiebres de stock o errores logísticos. Mientras tanto, la PYME que ofertó el producto correcto, respetando los márgenes de la marca y la normativa técnica, pierde la venta.
Esta dinámica genera un círculo vicioso:
- Fuga de proveedores serios: Las empresas que buscan cumplir dejan de ver atractivo el Convenio Marco.
- Aumento de costos ocultos: El Estado gasta más recursos horas-hombre gestionando devoluciones, rechazos de productos no conformes y nuevas licitaciones.
- Desprotección de la Propiedad Industrial: Se valida indirectamente el mercado gris o la falsificación al no exigir la acreditación de distribuidor oficial («Letter of Authority»).
Como conclusión final, para corregir esto, el Organismo encargado de administrar este procedimiento de compras, denominados convenios marco, debe endurecer los filtros técnicos antes de la adjudicación, no después. Es imperativo que el sistema valide si el proveedor está autorizado por la marca para comercializar el producto ofertado.
No podemos seguir permitiendo que el Estado por perseguir el precio mas barato, permita que cualquier proveedor que adjudica un convenio marco, pueda amarrarse de productos donde no esta autorizado, porque el premio se lo lleva quien está dispuesto a entregar un producto distinto al que prometió. Proteger la fe pública también significa proteger a los proveedores que juegan limpio.
Por lo tanto deben mejorar las bases de licitación, y de una vez por todas permitir la actualización de productos, es decir ingreso de productos nuevos, durante la operatoria del convenio marco, sino continuaran permitiendo el «Cambiazo» (Entrega de otro producto), se explicita que el daño final es que el Estado recibe un producto distinto. Esto conecta el problema comercial con un problema de probidad y calidad técnica.
Nota: Quiero manifestar que la opinión siempre se encuentra respaldada por datos públicos, y su interpretación hacen que los datos entreguen información especial, para entenderlos, y además estos mercados están respaldados por leyes, reglamentos y directivas, que los hacen transparentes, por eso queremos ampliar el mercado público, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, generando contenido de cada uno de estos países.
Creado: por Carlos Campos Parra, Gerente General de CGCE