“Se pensó que podrían haber sido uno de los pocos sectores favorecidos por la pandemia, pero la realidad dijo otra cosa. Los mandatos de la autoridad y el temor de la población han reducido su actividad un 80%, lo que ha sido proporcional a la baja de sus ingresos. Hoy, sólo ven números rojos, mientras piden una ayuda urgente del gobierno. Su viabilidad está en juego”
Hace algunas semanas, una red de clínicas local le encargó al académico y ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza, un estudio. En marzo, el Senado había despachado las ideas madre del proyecto que limitaba la rentabilidad de las clínicas en períodos de pandemia e incluso prohibía generar utilidades por prestaciones que tuvieran relación con los tratamientos respectivos, y justamente estas instituciones una en Santiago y cinco en regiones querían saber cómo esta normativa les impactaría. Inostroza había dado un paso más. Calculó el impacto que ya estaba teniendo la expansión del Covid-19 en el escenario actual de las instituciones de salud. Sin la nueva legislación, todas arrojaban pérdidas, de 5,1% para la clínica capitalina, y de entre 2,6% y 9,2% para las otras. Con limitación de rentabilidad, las mermas superarían el 20% en el caso de la institución capitalina.
El escenario de las clínicas hoy es crítico. Si bien inicialmente se pensó que prácticamente sería el rubro más beneficiado por la pandemia, hoy los datos dicen otra cosa: su demanda ha caído un 80%, en igual proporción se han reducido sus ingresos, y todas están viendo cómo los números rojos comienzan a permear sus balances.
“Existe una fuerte baja en la actividad. Ya había una contracción cercana al 20% a raíz del estallido social, que algo se recuperó entre enero y marzo, pero en abril de nuevo se dispara: 80% parejo en el sector privado, y del orden del 70% en lo público”, señala Inostroza. “Las clínicas están con una bajísima actividad, estamos conversando con todos para que se comprenda que no es una actividad que está boyante. Esto es una cosa impensada, nunca le había pasado algo así a las clínica, es una tormenta perfecta”, complementa la gerente general de la asociación Clínicas de Chile, Ana María Albornoz.
La entidad ha tomado contacto o se ha reunido con los ministros de Salud, Trabajo, Hacienda, Segpres y Economía. Además, les han hecho llegar sus aprehensiones al superintendente de Salud, Patricio Fernández; al intendente de Fondos, Manuel Rivera, y a la intendenta de Prestadores, Lorena Monsalve. Es que la crisis así lo exige.
Números en rojo
A mediados de marzo, la expansión del Covid-19 alcanzó grado 4. Ese día, el Ministerio de Salud mandató a las clínicas y hospitales suspender todas las cirugías programadas y los controles. Debían readecuar prácticamente la totalidad de su capacidad a palear el peak de contagios que se avecinaba. Se estimaba que a fines de abril se bordearían los 100.000 enfermos y había que estar preparados. Sin embargo, esa cifra aún se ve lejana. En el intertanto, los centros de salud lucen desiertos. Los pacientes nunca más asistieron por temor a los contagios, y el Covid tampoco atacó -hasta ahora- con tanta fuerza. Así, hoy toda la industria está atravesando una profunda crisis financiera. Fuentes aseguran que ninguna visualiza números azules, y su liquidez está absolutamente en riesgo.
El pasado 9 de abril, de hecho, Clínicas de Chile le hizo llegar una extensa carta al ministro Jaime Mañalich. En ella le transparentaban que la actividad había caído un 80%, y que operar con el 20% restante traía de la mano sólo riesgos financieros. Es que cada mes en que se mantuviera esta situación se traduciría en $245.000 millones menos en ingresos para el sector privado, de los cuales $58.000 millones corresponderían a honorarios médicos; lo que empeoraría con la fuerte alza -de entre 3 a 4 veces- en el valor de los insumos, y un fuerte riesgo de quiebre de stock. Todo -añaden- en un entorno donde los costos de operación se han mantenido debido a que las clínicas han pasado a ser parte de la red controlada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y han debido poner a disposición del sistema toda su capacidad, equipamiento y recurso humano. “No creo que en este escenario las clínicas resistan más allá de julio”, confidencia Inostroza.
Y así, la sensación es prácticamente de abandono. Con altas inversiones en camas críticas, ventiladores, etc., se sienten al margen de cualquier ayuda. Aun más, altas fuentes de la industria puntualizan que, por ejemplo, cuando la autoridad determinó la obligatoriedad de cobrar a pacientes $28 mil el test para detectar el virus, los laboratorios les estaban cobrando al sector privado un 70% más, valor que al tiempo se fue ajustando. “Todo ha sido adverso”, destacan en la industria. Y eso, sin considerar que aún el Estado no hace uso de las camas para pacientes derivados de hospitales públicos, donde la diferencia en el precio Fonasa de cama crítica versus el de la clínica es avismante, precisan sin dar cifras.
“Los ingresos de la clínica han estado muy por debajo de lo presupuestado debido a la caída en la actividad ambulatoria y quirúrgica que venimos sufriendo desde marzo. Esta caída en los ingresos ha afectado el flujo de caja, dificultando el cumplimiento de nuestros compromisos financieros y el financiamiento de nuestros costos operacionales”, reconoce el director general de la Clínica Universidad de Los Andes, Jorge Laso. “La situación sanitaria que hoy enfrentamos ha implicado adecuarnos a un nuevo escenario con cambios que van desde ajustes en nuestras instalaciones hasta la creación de protocolos, refuerzos y capacitación del personal clínico, aumento en la demanda de ciertos insumos, entre varias otras variables, las que efectivamente han afectado nuestra actividad habitual y nos ha obligado a incurrir en gastos adicionales no previstos”, complementa el médico director de Clínica Alemana, Bernd Oberpaur.
Así, mientras todas intentan impulsar la telemedicina o la atención domiciliaria, en paralelo evalúan y se acogen a los planes de protección de empleo anunciados por el gobierno, aunque, al parecer, no todas las fórmulas son accesibles para ellas.
Buscando ayuda
El jueves, la gerente general de Clínicas de Chile se reunió con asesores del Ministerio del Trabajo. Existía justamente inquietud respecto a si las clínicas -en su calidad de actividad esencial- podían acogerse o no a las ayudas del gobierno. Si bien el mensaje fue esperar a que la Comisión Mixta en el Congreso defina -idealmente, dicen, la próxima semana- las bajadas de la iniciativa, diversas fuentes aseguran que la opinión es ambigua. Por un lado, se estima que sí pueden hacerlo mediante el mecanismo de reducción de jornada, pero no a través de la suspensión de contrato; aunque otras fuentes gubernamentales apuntan a un análisis caso a caso, ya que si no se abandona la calidad del servicio podrían suspenderse los contratos con aquel porcentaje del personal no involucrado en la emergencia. En el intertanto, las instituciones -de manera individual- se arriesgan y avanzan en sus procesos, ya que, aseguran, tomar medidas no puede esperar.
La primera del sector oriente que hizo pública su decisión fue la Clínica Universidad de Los Andes. Esta acordó reducir un 20% la jornada laboral de todos los trabajadores que estuvieran en áreas no relacionadas directamente con Covid-19. “Nos hemos visto en la necesidad de activar un plan que contempla postergar inversiones, renegociar deudas y contener costos en todos los ámbitos, sin poder dejar fuera las remuneraciones del personal, que es nuestro principal ítem de gasto, pero buscando una alternativa que nos permita mantener el empleo de todos nuestros trabajadores”, señalan en la entidad. La Red UC Christus inició el mismo camino.
Desde la clínica ligada a la Pontificia Universidad Católica reconocen que su actividad aproximada hoy es del 20% en las atenciones ambulatorias y del 40% en las hospitalarias, lo que ha venido de la mano de cerrar varios centros médicos. Así, estiman que en abril versus igual mes de 2019, han realizado 1.500 cirugías menos, 60.000 consultas y unos 300.000 exámenes de laboratorio -con la consiguiente reducción de un 50% en los ingresos-; mientras los costos de los insumos críticos han aumentado entre 4 a 7 veces. “Con los costos fijos tan elevados que tenemos se hace insostenible seguir operando de esa forma, por lo que es importante tomar medidas que permitan resguardar el funcionamiento”, destacan. Así, debieron recurrir a los planes de protección de empleo. A partir del 1 de mayo -y por tres meses-, un 35% de los trabajadores que tienen una remuneración superior al millón de pesos entrarán en una medida solidaria de baja de salario que va desde el 10% al 30%. En tanto, realizarán una disminución de Jornada Laboral y Suspensión de Contratos para el 30% de los colaboradores.
Desde el Sindicato de Salud UC la visión es crítica: “Existe una oposición de todos los sindicatos a que una gran empresa y prestigiosa como los es Salud UC Christus -perteneciente a la Pontificia Universidad Catolica de Chile-, se acoja a esta ley, observando que a trabajadores de esta misma institución en el área educación, los han liberado de asistir a sus funciones desde el mes de marzo a la fecha, con el pago íntegro de sus remuneraciones”, subrayan. Y acusan: “Sólo nos han informado de una baja en la actividad, sin entregar ninguna documentación oficial que lo avale”.
En el Colegio Médico también ven este escenario con preocupación. La entidad gremial se reunió con Clínicas de Chile para analizar la problemática, y su visión es que deben ayudar a los médicos. “Uno debiera presumir de buena fe que las clínicas están teniendo problemas en sus ingresos, pero para nosotros no es deseable que se les afecten los ingresos a los doctores, porque cuando esto se recupere van a hacer ellos los que impulsen la actividad”, subraya el tesorero de la entidad, Jaime Sepúlveda. Y agrega: “Esperamos que a los médicos se les adelanten ingresos o al menos se les garanticen porque esto es una contingencia que va a pasar; uno esperaría más solidaridad de las institución grandes”, subraya.
La realidad nacional, sin embargo, no es ajena a lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. El miércoles, representantes de varias clínicas privadas de la provincia de Mar del Plata en Argentina se reunieron con el intendente Guillermo Montenegro, acusando serios problemas financieros, con un alza de costos de más del 60% de la mano de un incremento superior al 2.000% en los insumos para abordar la pandemia. “La pérdida económica para los prestadores médicos privados es inmensa”, alertaron asistentes a la prensa local.
Al otro lado del continente la situación se repetía. Las clínicas comunitarias en California han tenido una caída de más de un 50% en sus ingresos, mientras en Inglaterra ya suman una inquietud adicional. El centro Instituto de Estudios Fiscales de Gran Bretaña publicó un informe asegurando que la pandemia está sometiendo al sistema a una presión sin precedentes, dado que el atraso en operaciones y atenciones generará un agravamiento futuro en pacientes que no se están atendiendo, pudiendo derivar en una nueva crisis.
La situación también se visualiza acá. Todos concuerdan en que las personas están desatendiendo sus problemas de salud por temor al contagio. “Lo que esperamos es que los pacientes comprendan que retrasar sus atenciones puede causarles un daño a ellos”, explican en Clínicas de Chile. Hoy, son múltiples los establecimientos que han mandado correos electrónicos invitando a los pacientes a asistir con todas las garantías de seguridad. “Queremos evitar que por concentrarnos en Covid, se desatiendan otras necesidades de salud que son también muy importantes y que de no ser atendidas a tiempo, en el futuro pueden tener repercusiones mucho mayores”, reconocen en Clínica Alemana.
Manuel Inostroza da un paso más. “En el sector público, las listas de espera se pueden transformar en una crisis gigantesca”. Alerta que si el año pasado las esperas alcanzaban el millón ocho en consultas y más de 250.000 en cirugías, hoy esos datos serían bastante más negativos. “Hay que ver cómo recuperar después la atención normal para que las listas de espera no se conviertan en una catástrofe nacional”, sindica.
En el intertanto, las clínicas buscan una ayuda urgente del gobierno. No sólo les están pidiendo que les permitan generar una fórmula para que más trabajadores de la salud puedan acogerse a los planes de protección de empleo, sino además otorgar garantías estatales a los bancos para asegurar líneas de crédito de capital de trabajo focalizados en esta industria, reducir significativamente los plazos de pago de las isapres y de Fonasa; poder retomar actividades si la pandemia lo permite y, obviamente, considerar la crítica situación de la industria al alero de las iniciativas que se discuten en el Congreso. Fijar los precios en arancel Fonasa MLE -bajo el costo-, eliminar las rentabilidades o congelar valores -destacan- atentaría directamente contra su subsistencia.P
Fuente:La tercera.com
