Según estudio de BanChile, dados los mayores requerimientos de gasto, la deuda pública se ubicaría en 29,1%, el nivel más alto en relación al PIB desde 1992, cuando alcanzó el 31,1%.

Un complejo ajedrez fiscal es el que enfrenta actualmente el gobierno, para hacer frente a las demandas sociales crecientes sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.

Los nuevos requerimientos de gasto, dados tanto por la Agenda Social estimada por el Ejecutivo en torno a US$1.200 millones y los compromisos acordados con la oposición en el Presupuesto 2020, que según fuentes alcanzarían los US$800 millones, llevaron a Hacienda a tomar varias decisiones importantes en los últimos días, con impacto fiscal.

En primer lugar, anunció que retirará US$2.400 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees), US$1.000 millones este año y US$1.400 millones en 2020, y segundo, que solicitará un aumento en la autorización de deuda en US$1.000 millones adicionales a los US$7.500 millones del proyecto original.

Estas cifras configuran un escenario diferente para la deuda pública, que según el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, cerraría en 27,2% del PIB y también sobre la relación activos y pasivos del gobierno central.

De acuerdo a estimaciones de la economista jefe de BanChile, Carolina Grünwald, la deuda pública aumentaría hasta 29,1% del PIB en 2020 (equivalente a US$86.967 millones, considerando un tipo de cambio de $695 que supone Dipres en el informe y ajustando el dato de crecimiento a 2,2%) el nivel más alto en relación al PIB desde 1992, cuando alcanzó el 31,1%.

Asimismo, agrega Grünwald, en términos de Posición Financiera Neta (PFN), entendida ésta como la diferencia entre los activos financieros del Tesoro Público (FEES, FRP, otros activos del Tesoro Público y Fondo para la Educación) y el stock de deuda bruta al cierre del período, seguiría deteriorándose al pasar desde el -18,2% previsto para 2019 hasta un -21% del PIB el próximo año.

¿Y si hay más gasto?

Una de las grandes dudas de la presente crisis es cuáles son los instrumentos para enfrentar el mayor gasto por demandas crecientes. En un ejercicio de tensión, Grünwald proyectó tres escenarios posibles, partiendo de la base teórica que el gasto social llega a 1% del PIB, es decir, en torno a US$2.900 millones.

En el primero, si sólo se utilizan los activos del Tesoro Público, que hoy ascienden a US$26.501 millones para financiar el 1% de gasto social, los activos alcanzarían para financiar 9,2 años; en el segundo escenario, si de un PIB de 3% se destinará 1 punto al gasto, el financiamiento alcanzaría para 5 años, creciendo 2%. Luego de ello, la agenda no se podría financiar.

El último escenario es sólo contratar deuda. Grünwald afirma que Chile está en el 25% de los países con menor deuda en relación al PIB en el mundo, mientras que el promedio de los países emergentes es de una deuda de 50% del PIB, que manera tal que “hay espacio para endeudamiento progresivo”, afirma.

De este ejercicio, Grünwald plantea como conclusión que “este estallido de crisis social nos pilló afortunadamente sin tanta deuda, con tasas mundiales bajas y fondos soberanos”, pero dice que “la deuda hay que pagarla, los ahorros son finitos y todo esto sólo se puede hacer con crecimiento. Para ello, es fundamental que la violencia se detenga y que el país vuelva a crecer”

Fuente: Pulso